La vida regida por el ridí­culo

pero ahora de parte de nuestro querido vecino del Norte «Gringolandia»

aunque no es nada nuevo, sólo más evidente…

De verdad es terrible la forma en que viven los trabajadores indocumentados en estados unidos (sí, estados unidos con minúsculas)

Viven la «ley de la selva» cuidándose de ellos mismos y de la policía

Es común que los trabajadores ilegales compartan un departamento para ahorrar dinero en el pago de la renta, en algunos casos que llegué a conocer en la ciudad de Atlanta Georgia en el año de 1999, un departamento que originalmente era para 5 perosnas era compartida por 12.

Y es común que entre ellos mismos se roben porque ni modo que vayan los ilegales a abrir una cuenta de banco para depositar sus ahorros y así mandrselos a su familia, ¿verdad?

Y ni modo que acto seguido a un robo, a un asalto con violencia, vayan a la policía a poner una denuncia, verdad?

Por ejemplo, es rídiculo, RIDÍCULO que los trabajadores ilegales sean ilegales pero tengan que «pagar» impuestos que les son descontados por sus empleadores (¿?)

¿Cómo te pueden descontar impuestos si eres trabajador ilegal?, ¿Qué se hace con ese dinero, quién se queda realmente con él?. ¿O, será que los patrones gringos tienen que pagarlos en un apartado especial cunado hacen su declaración de impuestos?

Es de verdad una atrocidad. Y como dije, no lo digo de «oídas» o porque me lo contaron, lo viví en carne propia.

Como sea, los trabajadores ilegales en Gringolandia NO SON CRIMINALES…son personas que sólo están buscando darle una posibilidad de sobrevivir a su familia, ni más ni menos.

Les comparto una nota editorial del periódico La Jornada México D.F. 21 de agosto del año 2007 que ilustra esto.

p.f.

Arellano: mensaje y atropello

La deportación expedita de territorio estadunidense de la activista social mexicana Elvira Arellano, en la que las autoridades del país vecino violaron de manera flagrante la Convención de Viena –que establece el derecho de todo extranjero imputado a recibir protección consular–, exhibe el verdadero rostro de la barbarie que se abate sobre millones de mexicanos y otros latinoamericanos anónimos que viven y trabajan en Estados Unidos sin documentos migratorios.

Arellano es, desde hace años, una luchadora emblemática por una reforma migratoria que permita a esos millones de extranjeros tener un estatuto legal definido y desarrollar su vida con un mínimo de certeza y seguridad, como lo merecen por el invaluable aporte que realizan a la economía y a la cultura estadunidenses.

La situación familiar de esta michoacana es también representativa de la pesadilla a la que son sometidos los trabajadores migrantes por una legislación inhumana: la amenaza de la separación entre cónyuges o entre padres e hijos cuando uno de ellos es expulsado del país. En el caso de Arellano, la pesadilla se ha hecho realidad porque la activista tiene un hijo de ocho años, de nacionalidad estadunidense, que se ha quedado, por el momento, al norte de la frontera común, separado de su madre, quien el domingo fue deportada a Tijuana.

Por si faltara alguna agravante, en el documento de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas en que se informó de la medida se caracterizó a Arellano de ‘extranjera fugitiva y delincuente’, en lo que constituye un acto de criminalización de algo que no es delito, sino a lo sumo una falta administrativa, como lo es carecer de documentos migratorios regulares. En la lógica de la Migra, todo indocumentado es, pues, ‘un extranjero fugitivo y delincuente’.

Con estos antecedentes, resulta inevitable ver en este atropello un mensaje de meridiana claridad dirigido por el gobierno de George W. Bush a las autoridades y a la sociedad de nuestro país: las oficinas migratorias de la nación vecina actuarán, cuando lo deseen, con la máxima saña posible contra los indocumentados que residen en territorio estadunidense, sin parar mientes en trayectorias personales, sin considerar circunstancias personales que añaden a las deportaciones el castigo inusual y crudelísimo de la separación familiar, y sin observar el menor respeto a la legislación internacional, que consagra el derecho de la asistencia consular a los extranjeros acusados de algún delito.

La determinación indica, además, que las expresiones de la Casa Blanca en favor de una reforma migratoria son mera demagogia para consumo de los siempre obsecuentes gobernantes mexicanos, y que en los hechos la política antimigratoria de Estados Unidos seguirá siendo tan bárbara y violatoria de los derechos humanos como siempre.

Para mayor agravio y vergüenza del gobierno mexicano, el atropello antecedió por un par de días el encuentro de Felipe Calderón con Bush en Canadá, y coincidió con la sumisa aceptación de un programa antinarcóticos que podría implicar graves cesiones en materia de soberanía y que despierta alarma por sus similitudes con el Plan Colombia, el cual ha sido el marco para un intervencionismo militar y policial en gran escala de Washington en ese país sudamericano, que lo ha sumido en algo muy semejante a una guerra y que, por lo demás, no ha servido de gran cosa para frenar la producción y el trasiego de drogas ilícitas.

La respuesta de la cancillería mexicana a la atrocidad sufrida por Arellano ha sido, hasta ahora, de tibieza y pusilanimidad exasperantes: se limitó a enviar una nota diplomática en la que ‘expresa su profunda preocupación’ y pide ‘una explicación’ sobre la manera en que se llevó a cabo la detención de la migrante.

Atropellos como el referido seguirán ocurriendo en tanto las autoridades mexicanas sigan renuentes a garantizar la protección de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, lo cual no es una tarea optativa y discrecional, sino una clara obligación constitucional.